Si aplicamos los criterios enunciados por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se pueden enumerar algunas señales de alarma. En la extrema derecha española hay un discurso constante de negación de la legitimidad de los adversarios políticos y suele afirmarse que algunos partidos no deberían participar de manera plena en la esfera política. Son frecuentes las soflamas que defienden la ilegalización de los partidos nacionalistas, independentistas o izquierdistas. Incluso es muy habitual la falta de reconocimiento del gobierno salido de las urnas, que se considera ilegítimo, con planteamientos a los que, en ocasiones, incluso se une la derecha política tradicional del PP.
Acusar al Gobierno de traidor o al Parlamento de ilícito sigue la tendencia negativa indicada de no aceptar el resultado de unas elecciones democráticas y de apostar por perspectivas contrarias al pluralismo político, que pueden ser la antesala de derivas autoritarias. Lo preocupante no es que se critique con dureza el sentido de las resoluciones de un Gobierno o que se rechacen las leyes aprobadas por el Parlamento; lo preocupante es que se cuestione la legitimidad para adoptar decisiones de un Gobierno democrático y de unas cámaras parlamentarias representativas.
Por otro lado, en la extrema derecha española son habituales los discursos contrarios a las políticas de igualdad, desde una perspectiva negacionista de la violencia machista y desde una defensa de la familia tradicional similar a la apoyada por Fidesz en Hungría. También son frecuentes los discursos nativistas que estigmatizan de manera indiscriminada a los inmigrantes, con cierta obsesión hacia los menores, lo que podría llevar a que se restringieran sus derechos, al favorecerse la exclusión social. Por otro lado, como indica Miquel Ramos, es habitual en la extrema derecha española llamar «dictadura progre» a los consensos en materia de derechos humanos reconocidos internacionalmente, lo cual puede llevar a retrocesos en ese campo si llegan al poder hipotéticos Gobiernos de signo autoritario.
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Como indican Roger Eatwell y Matthew Goodwin, al comparar los resultados en los distintos países a partir de las investigaciones realizadas por el Pew Research Center, España es el país occidental donde hay un porcentaje mayor de ciudadanos que rechazan la democracia; también tenemos los niveles más altos de gente que está en desacuerdo con la afirmación de que la democracia es una buena forma de gobierno.