Un veterano policía me lo advirtió: «hay un pacto de silencio en jefatura sobre este tema, nadie va a hablar». No es un asunto que haya sido digerido en ciertos ámbitos policiales, a pesar del tiempo transcurrido.
En 2014, la sección de Interpol en Argentina ordenó la detención y extradición del agente de la Brigada Político Social Benjamín Solsona Cortés por presuntos delitos de torturas a los detenidos antifranquistas que pasaron por la Jefatura Superior de Policía de València. Dos años más tarde, Solsona, un anciano de 83 años, pudo respirar tranquilo. El exhorto para tomarle declaración fue devuelto a Buenos Aires por el Juzgado de Instrucción número 10 de València.